Convocadas manifestaciones contra el acuerdo que pretende combatir la piratería
Este sábado es el día que las organizaciones que batallan contra el tratado comercial ACTA han escogido para mostrar su descuerdo con la ratificación del mismo. Al mediodía,hay convocadas manifestaciones en distintas ciudades, Madrid (también contra la ley Sinde-Wert) y Barcelona, entre ellas. Un sitio de Internet ha recogido más de dos millones de firmas en contra del texto. Negociado en secreto y aprobado por distintos países, la Unión Europea lo suscribió el mes pasado en Japón. España fue uno de los países firmantes. Ahora debe ser ratificado por el Parlamento Europeo.
La firma por parte de países europeos del tratado ha tenido consecuencias. En Polonia ha habido ya manifestaciones en contra y la embajadora de Eslovenia en Japón, Helena Drnovstek, escribió una carta abierta a sus conciudadanos en la que lamentaba haber firmado ACTA. La embajadora reconocía que no se había leído el texto porque últimamente tiene más trabajo, menos personal y menos dinero para todo, y que además había coincidido con una periodo de vacaciones, "que necesitaba mucho". Tras reconocer su fallo, y leer atentamente lo que firmó, pidió disculpas a sus hijos y llamó a manifestarse contra la aprobación de ese texto por el parlamento de su país.Se trata de un acuerdo comercial que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no lo han suscrito. Según la UE, se trata de un simple retraso por razones de procedimiento. Mientras Estados Unidos ha frenado las leyes antipiratería (SOPA y PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado tratado ya fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Lo que más preocupa a quienes combaten su redactado es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que supuestamente favorecieran la piratería a nivel comercial.
ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.
El ponente del Parlamento Europeo que debía dirigir el debate ha dimitido
El tratado apela a la colaboración entre distintos sectores. La palabra Internet no figura en el redactado que prefiere la expresión “entornos digitales”. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y perjuicios a los intermediarios, sobre cuya cuantía no se aclara la manera de fijarla.
En marzo de 2010, la UE publicó el borrador tras la octava ronda negociadora después de que el Parlamento europeo recordara que es competente para estudiar los tratados internacionales en los que participe la UE y mostró su desacuerdo con el secretismo de las negociaciones. La UE ha negado que limite la libertad de expresión. “Los ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o Twitter como en el pasado”, ha afirmado uno de sus portavoces.
Tras la firma europea, el principal ponente del tratado en el Parlamento,el eurodiputado Kader Arif, presentó su dimisión como tal. Considera que el proceso es una “mascarada”. En un comunicado, Arif explicó que debe denunciar el proceso que ha conducido a la firma del acuerdo “sin participación de la sociedad civil, con falta de transparencia dese el inicio de las negociaciones, sucesivas firmas del texto sin explicaciones y descartando las reivindicaciones del Parlamento expresadas en muchas resoluciones”.
Como ponente del texto, asegura, ha sido testigo de “maniobras inéditas de la derecha" de este Parlamento para imponer un calendario acelerado intentado validar el tratado antes de que la opinión pública fuera alertada de su contenido, “privando de hecho al Parlamento de su derecho de expresión y de emplear las herramientas a su disposición para incorporar las reivindicaciones legítimas de los ciudadanos”. El Parlamento ha procedido a su sustitución por otro eurodiputado.
FUENTE: www.elpais.com
