ACTA pasará por el Alto Tribunal de la UE

Primero firman, luego se enteran. Ya le pasó a la embajadora de Eslovenia en Tokio que, tras firmar el ACTA, acuerdo internacional para luchar contra la falsificación de productos y la piratería en Internet, leyó el texto y se volvió una agitadora de la manifestaciones contra ACTA. Ahora la Comisión Europea ha anunciado que le pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un veredicto sobre el acuerdo internacional, para garantizar que "la aplicación de ACTA es totalmente compatible con la libertad de expresión y con la libertad de Internet".

La información, difundida por la BBC, es un nuevo paso atrás de este acuerdo que en principio había sido firmado en enero por 22 países, entre ellos España, pero que desde entonces se han sucedido iniciativas en contra, especialmente desde países centroeuropeos. Bulgaria ya ha anunciado que no firmará y Polonia se lo están pensando, pues el texto debe ser ratificado en cada parlamento nacional.

La Comisión Europea ya había remitido ACTA a los Gobiernos de los países miembros para su ratificación y, también, al Parlamento Europeo, que debía empezar a debatirlo el próximo 1 de marzo, en un proceso que debía terminar en votación en junio. El Consejo Europeo ya lo había  aprobado por unanimidad en diciembre y autorizó a los Estados a firmarlo.

La propuesta de remitir el asunto a la máxima instancia judicial europea ha sido realizada por el comisario de comercio Karel de Gutch. En el comunicado, asegura: "Creo que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de suministrar a los europarlamentarios y al público en general la información más detallada y precisa disponible".

En la opinión del propio comisario, favorable al tratado,  "ACTA es un acuerdo que pretende elevar el nivel global de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, normas ya consagradas en el derecho europeo". Y añade: "ACTA no cambiará nada en la Unión Europea, pero será importante para la Unión Europea".

Ahora, pues, habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver la legalidad (o no) de un tratado cuyas negociaciones se han llevado con absoluto secretismo.  

FUENTE: www.elpais.es

¡Primicia: Las empresas de Internet denuncian a la Ley Sinde ante el Tribunal Supremo!

La inminente entrada en vigor de la Ley Sinde-Wert coincide con los recursos ante la Justicia española que intentan que no salga adelante esta polémica ley. El último ha sido interpuesto ante el Tribunal Supremo por la Red de Empresas de Internet (REI) y la Asociación Española de la Economía Digital (adigital).

Al Tribunal Supremo se le acumula el trabajo coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Sinde. La semana pasada admitía el recurso contencioso administrativo presentado por la AI contra la norma que prevé el cierre de páginas web de enlaces que la Comisión de la Propiedad Intelectualconsidere que violan los derechos de autor. Días después son las empresas de Internet quienes acuden hasta este tribunal para pedir la suspensión de la entrada en vigor del reglamento que regula dicha Comisión.

Como leemos en elmundo.es, REI y adigital esperan que el TS admita a trámite el recurso y sumarse así a la causa de la AI "con el fin de aunar fuerzas". De hecho, como explica Julio Alonso, director de Weblogs SL y miembro de REI, el argumento esgrimido es similar a dicho recurso, al señalar que esta ley abre las puertas a la "inseguridad jurídica" y pone "un freno al desarrollo en Internet". La llega de la norma antidescargas "genera un riesgo que puede ahuyentar a inversores y emprendedores", argumenta. "Una cosa es la intención del legislador y otra lo que la ley dice", señala Alonso.

En el recurso se subraya que la determinación de qué es una infracción de la propiedad intelctual no debe hacerse por parte de un organismo administrativo como la citada Comisión, sino que "debería estar regulado en una norma de rango superior". Se considera que el artículo 24 de la Consititución queda vulnerado puesto que también excede sus competencias "al evitar la tutela judicial" que debería existir a la hora de decidir si se vulneran los derechos de autor.

Asimismo, se critica que un proveedro de servicios de Internet retire un contenido que presuntamente viola los derechos de autor y de este modo se reconozca que se ha dado una vulneración de la propiedad intelectual. En la práctica esto implica que el proveedor reconoce que ha cometido un delito contra la propiedad intelectual y puede convertirse en objetivo de futuros procedimientos en su contra. "Retirar el contenido supone declararte culpable", explican desde adigital. El inclumplimiento de principios de derecho administrativo sancionador y la violación del artículo 20 de la Constitución (libertad de expresión e información) también son citados en el recurso como defectos de forma del reglamento.

"Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial", se recuerda en referencia a la Constitución en un texto que ha sido elaborado por Bufet Almeida y que en caso de prosperar podría suponer un fuerte varapalo al Gobierno. "Habría que debatir sobre cómo se entiende ahora la propiedad intelectual y cómo establecer nuevos mecanismos para defenderla o compensar a los autores, es decir, cómo hacer un régimen de propiedad intelectual para el siglo XXI", plantea Julio Alonso. No obstante, todo apunta a que los gobernantes seguirán haciendo caso omiso de estas acciones y seguirán adelante con la polémica ley.

FUENTE: www.adslzone.net

¡Última hora: El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso para frenar la Ley Sinde!

La Justicia española da el primer paso para frenar la Ley Sinde. El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite el recurso contencioso administrativo presentado la semana pasada por la AI que solicitaba la impugnación del reglamento de la polémica norma antidescargas.

Comienza la batalla en los tribunales españoles para la impugnación de la Ley Sinde. Hace sólo unos días la AI solicitaba ante ante el Tribuna Supremo la suspensión cautelar del gran proyecto de la anterior ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, para acabar con las webs de enlaces en España y que su sucesor, José Ignacio Wert, dio continuación con la aprobación de su reglamento.Según podemos leer en RTVE.es, la sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ya se ha puesto en contacto con las partes implicadas para comunicarles que admite a trámite la demanda. La sala da diez días al Abogado del Estado para que evalúe la petición de suspender de forma cautelar el reglamento presentada por la AI, lo que supondría un gran varapalo a la clase política española, que apoyó por mayoría esta norma con los votos a favor del PSOE, Partido Popular y CiU.

En el texto presentado por la asociación se pedía la suspensión de su entrada en vigor por considerar que un órgano administrativo no puede ejercer las competencias asignadas por ley a los jueces. Recordemos que el reglamento de la norma crea la Comisión de la Propiedad Intelectual, este órgano, otorgándole el poder de decisión a la hora de juzgar si los contenidos de una web denunciada por los titulares de derechos de autor vulneran o no la propiedad intelectual. Los defensores del recurso argumentan que "esta ley afecta a la sensibilidad democrática al crear una comisión que estaría por encima de las decisiones judiciales".

En el texto presentado en los tribunales se señalaba que este órgano introducía "infracciones difusas y sanciones sin la habilitación legal precisa", dando lugar a una "notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos como el de la libertad de expresión e información". No en vano, se recuerda que el poder otorgado a esta comisión "contradice sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional". Asimismo, cabe señalar que en anteriores sentencias de la Justicia española no se ha considerado delito la actividad de enlazar a contenidos externos, algo que sí pasaría a castigarse con esta norma.

Estaremos muy atentos a la decisión del Abogado del Estado, puesto que de prosperar la impugnación se daría al traste con la primera gran medida de este Gobierno en materia de propiedad intelectual en Internet y obligaría a una profunda reflexión sobre este tema. Propuestas para trabajar en el tema no le faltan.

FUENTE: www.adslzone.net

¡Última hora: Piden la suspensión cautelar de la Ley Sinde!

El Tribunal Supremo ya tiene la solicitud de impugnación de la AI para que la Ley Sinde-Wert sea suspendida de forma cautelar. Según esta asociación, la norma antidescargas choca con el derecho a la libertad de expresión y de información recogido en el Artículo 20 de la Constitución Española.

El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, anunció recientemente que la ley antidescargas iniciará el proceso de cierre de páginas webs "en las próximas semanas". Para ello ha de constituirse aún el organismo administrativo creado por dicha norma, la Comisión de la Propiedad Intelectual, que atenderá las supuestas vulneraciones en los derechos de autor de aquel que considere que una web infringe su propiedad intelectual.Sin embargo, existe una posibilidad que frenaría la puesta en marcha de la controvertida norma. La AI ha impugnado ante el Tribunal Supremo el Reglamento de la Ley Sinde por considerar que se otorgan competencias a dicha comisión que la Ley española considera que deberían estar asignadas a los jueces. La asociación cree que la norma "establece infracciones difusas". Otro de los puntos que le ha llevado a tomar esta decisión es la "notable inseguridad jurídica" que provoca la ley al establecer "sanciones sin la habilitación legal precisa".

En juego está, según la iniciativa, los derechos fundamentales de los ciudadanos, de forma más concreta, los recogidos por el Artículo 20 de nuestra Constitución: el derecho a la libertad de expresión y de información. También se considera que Reglamento de la norma contradice algunas de las sentencias dictadas por el propio Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Estos son suficientes motivos para que la AI considere "imprescindible" la suspensión de la puesta en práctica de la ley antidescargas, a pesar de haber sido aprobada por una amplia mayoría parlamentaria con los votos de PSOE, PP y CiU.

¿Actuará el Tribunal Supremo para retrasar la entrada en vigor de esta controvertida ley? Desde su creación, la llamada Ley Sinde creó un amplio debate en la Red por los hechos recogidos en la iniciativa que ahora trata de paralizarla. No han sido pocas las sentencias judiciales en nuestro país que han declarado legales las páginas de enlaces que ahora pretende perseguir y cerrar una comisión administrativa.

Sin embargo, las presiones de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos o de lobbies como el de la industria cultural y del entretenimiento han llevado a la clase política española a ceder en favor de sus intereses y aprobar una norma que, por otro lado, puede ser inútil porque las características técnicas de Internet impiden que vaya a lograr sus objetivos. Las descargas seguirán existiendo y no es éste el modo más acertado de intentar frenarlas.


FUENTE: www.adslzone.net